El oficialismo consiguió que se apruebe un proyecto que repone la Ley de Tierras sancionada durante el kirchnerismo. Ahora deberá tratarse en Senadores.
El momento en que se aprueba el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Diputados.
El oficialismo consiguió hoy avanzar en la Cámara de Diputados con la aprobación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero a costa de concesiones que limitaron su alcance original, la más importantes de las cuales es la reposición de la Ley de Tierras con el límite de compra para extranjeros tal como había sido votada a instancias del kirchnerismo. Ahora, la iniciativa deberá tratarse en el Senado.
El oficialismo alcanzó el quórum con 132 diputados, tres más que los estrictamente necesarios para el quórum, y abrió con ese número un temario que incluye más que la ley de tierras: en el orden del día también figuran un proyecto sobre discapacidad con el que La Libertad Avanza busca neutralizar la avanzada opositora para que se extienda la emergencia en esa área y otro que endurece las penas al delito de vandalismo rural.
Pero el punto central fue la reposición de la ley de tierras, cuya reposición había negociado el oficialismo para evitar que sus aliados críticos apoyen la semana pasada la derogación del decreto 70/23, la norma que entre otras cuestiones derogó la ley de alquileres y los topes para las cuotas de las empresas de medicina prepaga y los interese que pagan los deudores de tarjetas de créditos.
Si el Senado ratifica el proyecto tal como salió del Diputados, volverá a regir el límite del 15% a nacional, municipal y distrital para la venta de las tierras a extranjeros que se había establecido en 2011 cuando se aprobó el proyecto original -conocido como Ley “Pino Solanas” por su autor, el dirigente de la izquierda peronista ya fallecido- durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, que le dio un fuerte apoyo.
En la actualidad, el límite está vigente pero a raíz de la “cautelar transitoria” dispuesta excepcionalmente por la Corte Suprema el 9 de este mes, luego de haber fallado en sentido inverso apenas una semana antes, el 29 de septiembre. Si ocurre, las operaciones que eventualmente se hicieron en la ventana temporal de 10 días en la que no hubo ley vigente serán objeto de una probable controversia judicial.
En la negociación parlamentaria ya había sido eliminado del proyecto de Ley de Inviolabilidad el capítulo que eliminaba la prohibición por 30 años -60 en caso de parques naturales y terrenos protegidos- de cambiar el destino de uso de tierras afectadas por incendios rurales. Esa prohibición, establecida a impulso del diputado Máximo Kirchner, también seguirá vigente.
El proyecto, ideado originalmente por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, conservó, en cambio, la aceleración del proceso de recuperación de inmuebles ocupados mediante juicios sumarísimos de desalojo, aunque establece un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad. Además, también quedó la modernización del sistema de registro de la propiedad inmueble.
El texto actual endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. Exige que las expropiaciones respondan a una declaración específica de utilidad pública y establece el pago previo de una indemnización calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble. También contempla el reconocimiento del lucro cesante, uno de los puntos más cuestionados por la oposición, que advierte que encarecerá las expropiaciones.
Desde La Libertad Avanza (LLA), Santiago Santurio defendió la reforma como una herramienta para garantizar la seguridad jurídica y promover las inversiones. “Cuando se sabía que acá en la Argentina no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir”, sostuvo. También reivindicó la agilización de los desalojos para restituir rápidamente los inmuebles a sus propietarios y advirtió que la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres.
En la oposición, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el intento original del Gobierno de derogar las leyes de tierras, manejo del fuego e integración sociourbana. “Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro [Federico] Sturzenegger”, afirmó. Atribuyó el retroceso oficialista a los cuestionamientos institucionales y judiciales, pero fundamentalmente a la presión social.
Fuente: Agencia DIB
