Bajo lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron con fines de extradición a un ciudadano italiano, acusado de haber pertenecido a una antigua organización criminal dedicada a la comisión de actos terroristas en aquel país europeo.
La situación judicial del sujeto comenzó en la República Italiana, cuando autoridades de ese país lo imputaron por integrar las denominadas “Brigadas Rojas”; banda con frondosos prontuarios ligados directamente al terrorismo y que operó durante las décadas de 1970 y 1980. Dicha estructura de extrema izquierda es recordada por secuestrar y posteriormente asesinar en la ciudad de Roma, al entonces ex primer ministro italiano Aldo Moro, hecho ocurrido en mayo de 1978.
Al ser imputado por la justicia de su país, el individuo logró fugarse de Italia, donde por ese motivo se lo condenó en rebeldía. Tras ello, ingresó a la República Argentina en 2002, pero fue descubierto y detenido en Buenos Aires en el año 2003. Luego de permanecer arrestado por el término de ocho meses, este hombre fue liberado, ya que la ley argentina no preveía la extradición en casos de condena en ausencia. Sin embargo, un año después la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) le concedió asilo en territorio argentino.
Ya en agosto de 2024, la propia CONARE declaró el cese del status de refugiado de dicho individuo y, consecuentemente, el Juzgado Criminal y Correccional N°1 a cargo de la Dra. María Romilda Servini, Secretaría N° 2 del Dr. Armando Alfredo Mangano, ordenó el arresto domiciliario del mismo.
Transcurrido poco menos de un año, la justicia convocó al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de PFA, con la finalidad de que sus agentes allanaran su domicilio, ubicado sobre la calle Defensa al 600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello, en conjunto con sus pares de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento INTERPOL, los funcionarios irrumpieron en la vivienda del buscado y lo detuvieron. Cabe destacar que, en el contexto del procedimiento, participó personal de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, encargándose de quitarle el dispositivo de tobillera electrónica.
El detenido, de nacionalidad italiana y 73 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de la continuación de su debido proceso penal y con fines de extradición.
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Hay 1.500 nuevos patrulleros y 700 motos distribuidos en los distritos. Es clave para mejorar el patrullaje, junto con cambios en la política de personal. Intendentes destacan que no hay favoritísimo político en el reparto. “Acá no hay grieta”, dicen. La política coincide con la baja en indicadores clave de delito.
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