Nuevo Régimen Penal Juvenil: Sin datos certeros no hay debate posible

Por Josefina Ignacio*, para DIB.

La discusión sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil supone un camino arduo, responsable e informado sobre cómo funciona en la actualidad este sistema. Un diagnóstico bien construido debería ser el piso mínimo desde el cual avanzar en el debate. En este sentido, los datos son claves para poder pensar y elaborar tanto leyes, políticas públicas y programas destinados a mejorar la vida de cada uno de nosotros.

En este artículo me voy a referir al informe “Aportes del CNPT para la discusión del Régimen Penal Juvenil”, documento que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura elaboró y publicó el año pasado. Me interesa compartir con los lectores algunos datos que considero no pueden eludirse al momento de legislar sobre el tema.

En la Argentina existen distintos dispositivos para el abordaje de NNyA que cometen delitos: Medidas penales en territorio (MPT), que incluyen monitoreo, acompañamiento y supervisión de los adolescentes en el marco de su red sociocomunitaria y familiar; establecimientos de privación o restricción de la libertad y otros destinados al momento de la aprehensión.

Cada provincia tiene su forma de intervenir, tanto que algunas no cuentan con programas de medidas territoriales (Corrientes, Misiones y Santa Cruz), otras no tienen lugares de encierro (Neuquén, Catamarca, por ejemplo) y otras cuentan con ambas herramientas.

Hacia finales del 2023 había 4.159 NNyA en dispositivos del sistema Penal juvenil en todo el país, de los cuales el 80 % se encontraba bajo modalidades territoriales (3.308 jóvenes), en tanto 851 estaban alojados en lugares de encierro. Esto permite señalar que las medidas territoriales representaban el abordaje mayoritario a nivel nacional.

La información estadística disponible reflejó que el porcentaje de adolescentes involucrados en hechos delictivos era insignificante y que los punibles representaban apenas el 0,8% de las personas privadas de libertad por motivos penales en la Argentina.

De las 52.165 sentencias condenatorias emitidas por los organismos judiciales de Argentina, apenas 134 correspondían a jóvenes de 16 y 17 años, lo que equivalía al 0,3 % de todas las condenas del período.

El 43,5 % de las condenas dictadas a adolescentes en 2022 se debieron a delitos contra la propiedad, siendo este el delito que se repite con más frecuencia

En 2022 se condenaron 59 jóvenes por delitos que cometieron a sus 16 años y 75 que los cometieron a sus 17 años. De ese total, solo en 8 casos se registraba reincidencia.

La evolución de la población gestionada por el Sistema Penal Juvenil bajo distintas modalidades de abordaje (ya sea medidas en territorio o de privación o restricción de la libertad) muestra en el informe una tendencia descendente. Desde 2020 y hasta 2023 la cantidad de NNyA alcanzados por los dispositivos penales se redujo en un 23%, considerando tanto a los alojados en dispositivos de encierro como a quienes se encontraban judicializados bajo modalidades territoriales.

Condiciones de habitabilidad

 El CNPT también documentó la existencia de construcciones con celdas que no respetaban los metrajes mínimos, con ventanas pequeñas sin ingreso de luz natural ni ventilación, espacios enrejados sin lugares adecuados para la recreación. Además, problemas en el suministro de agua y en la red cloacal. 

Algunos de los establecimientos, señaló el informe, se encuentran alejados de los centros urbanos y esto implicaba la imposibilidad de recibir visitas de familiares, dificultades para la continuidad educativa, acceso a la salud, entre otras.

No menos preocupante es que, en virtud de la sobrepoblación existente en la mayoría de los centros penitenciarios, en ocasiones, adultos/as privados de la libertad habían sido alojados momentáneamente en los sectores destinados a adolescentes, como respuesta durante picos críticos de hacinamiento y/o emergencias, en violación de las normas y estándares exigibles

Falta de profesionales especializados

Los NNyA en conflicto con la ley penal necesitan de un abordaje profesional e interdisciplinario sin embargo el informe remarcó que existía una escasez de personal formado y especializado en la temática, situación que atenta contra cualquier intento de intervención positiva sobre los jóvenes.

En los dispositivos gestionados mayormente por personal de seguridad se profundizaron los malos tratos y otras lógicas alejadas de los estándares en materia de niñez y adolescencia como por ejemplo el uso del aislamiento, incomunicación, suspensión de actividades recreativas, educativas o deportivas.

Gran parte de la población privada de libertad en los Centros de Responsabilidad Penal Juvenil se encontraba atravesada por consumos problemáticos severos y no recibía tratamiento y cuándo éste se brindaba solía ser esporádico y, por lo tanto, poco efectivo; también, se recurría al suministro discrecional de psicofármacos sin criterio o control médico. Por otra parte, había lugares en los que el consumo de sustancias ilegales persistía dentro de los centros, con anuencia de las autoridades.

Los suicidios bajo custodia del Estado se vinculaban, en la mayoría de los casos, con la ausencia de profesionales especializados. El informe da cuenta de chicos que ante crisis de salud mental se autolesionaron por impericia o negligencia del personal que no supo cómo actuar ante esa situación. 

Otro aspecto relevado tiene que ver con el suministro de medicación como forma de gestión de la conflictividad o por falta de tratamientos adecuados para el abordaje de los consumos problemáticos.

El CNPT también tomó conocimiento, y así lo señaló en su informe, de situaciones asociadas a abusos sexuales y otras formas de violencias físicas ejercidas por el personal a cargo del cuidado de jóvenes y entre compañeros, producto de distintas formas de tercerización de la violencia, falta de separación según franja etaria, entre otros. También, requisas vejatorias y humillantes, que consisten en tocamientos, desnudos totales, revisiones intrusivas constantes y la imposición de posturas humillantes.

Los pobres, los preferidos del sistema

Según UNICEF, para finales de 2023, más de 7 millones de niñas y niños eran pobres por ingresos (57,5% del total) y 2,4 millones (19,4%) vivían en hogares con ingresos menores a una canasta básica alimentaria. Las privaciones no monetarias o vinculadas al acceso a derechos (educación, protección, vivienda, saneamiento, agua, hábitat) afectaba al 42,6% de las niñas y niños en la Argentina, mientras que el 16,7% experimentaron privaciones severas.

Es importante en este punto dejar muy en claro que no hay una relación entre pobreza y delincuencia, sin embargo, la propia selectividad del sistema penal supone que aquellos jóvenes más proclives a ser tocados por este sistema sean los que tengan menos recursos económicos, sociales, culturales. Es por ello que el dato sobre pobreza de niños y niñas y los datos sobre NNyA bajo el SPJ en Argentina debería alertarnos respecto de la tentación de gobernar las niñeces y adolescencias pobres a través del sistema penal.

Hay una realidad que queda en evidencia cuando el CNPT monitorea cada uno de estos lugares y entrevista a los chicos y chicas que allí se encuentran y es que, en su gran mayoría, son pibes y pibas atravesados por la marginalidad. Los diagnósticos son coincidentes en la correlación existente entre las trayectorias de vida vulnerables que atraviesan y la privación de libertad —esto intrínsecamente relacionado a la selectividad del sistema penal y gestión de ciertos territorios—.

El debate parlamentario no debería soslayar las situaciones relevadas por el único organismo del Estado que recorre cada una de los lugares, entrevista a las autoridades y a los jóvenes allí alojados y ofrece datos cuantitativos y cualitativos sobre el tema.

También serían bienvenidas las voces que propongan el robustecimiento de las políticas sociales (respuestas habitacionales, fortalecimiento de dispositivos proteccionales, programas territoriales para el abordaje de los consumos problemáticos, políticas educativas, entre otros) y redistribución de recursos; ante este escenario tal vez sean una estrategia más efectiva, que la exclusivamente punitiva, para prevenir el delito adolescente.

* Josefina Ignacio es Comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Vicepresidenta de Asociación Pensamiento Penal